EL ROSTRO OCULTO DE LA VIOLENCIA

En octubre de 2009, en la presentación del Informe de Desarrollo Humano para América Central sobre Seguridad Ciudadana realizada en El Salvador, se confirmó una vez más la gravedad de la violencia contra la mujer, en principio por el silenciamiento que incrementa las inseguridades que padecen las mujeres de la región, desde la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, probablemente el más silenciado de los delitos, y hasta el femicidio, que es el delito de dar muerte a una mujer por razones asociadas a su género.
El informe sostiene por tanto que la violencia contra las mujeres es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana en América Central, a tal punto que la opinión pública ni siquiera lo percibe como parte del “problema del crimen”. A pesar de que, según estudios realizados, en Panamá entre 2000 y 2003 el 68% de los homicidios de mujeres fueron femicidios, y en Costa Rica entre 1990 y 2003 el 61% de los homicidios contra mujeres también lo fueron. O sea, que dos de cada tres mujeres que mueren asesinadas en Centroamérica mueren por ser mujeres.
Además sabemos que el grueso de los femicidios son la culminación de una larga historia de relaciones abusivas y controladoras por parte de parejas, ex parejas, familiares, pretendientes y acosadores. El resto de los femicidios son hechos como el intento de violación por parte de un desconocido o la muerte de mujeres sujetas al tráfico sexual.

De Las Palabras A La Acción

En Guatemala, entre el año 2001 y 2006, los femicidios se duplicaron pasando de 303 casos a 603. Esto sucede a pesar de un marco normativo que ha ido avanzando, culminando recientemente con la aprobación de la “Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer” y la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, lo cual hemos destacado en la Feria como una de las leyes de segunda generación más completas de la región.
Por eso es urgente, como dice la campaña, pasar de las palabras a la acción y dotar a las instancias correspondientes de los recursos humanos y financieros para poder implementar estos valiosos instrumentos contra la violencia y contra la impunidad.
En Guatemala, como en el resto del continente, el análisis del delito, la criminalidad y la violencia presenta variaciones notables según el sexo. Esto se refleja en la diferencia de percepción de inseguridad entre hombres y mujeres. En el Informe de Desarrollo Humano para América Central sobre Seguridad Ciudadana se muestran los resultados de una encuesta que ilustran que, con excepción de Honduras, en todos los países de América Central una mayor proporción de mujeres dicen sentirse inseguras en su barrio y también consideran que el nivel de violencia en la ciudad o pueblo en donde viven son más altos de lo que creen los hombres

Los números son elocuentes:

·el 58% de las mujeres costarricenses ha vivido al menos un incidente de violencia física o sexual después de los 16 años;

· el 36% de las salvadoreñas que han vivido con un hombre han padecido violencia psicológica durante su vida;

· el 48% de mujeres en Nicaragua indicaron haber sufrido violencia verbal;

· en promedio, la mitad de las mujeres centroamericanas han sido objeto de violencia durante su vida adulta.

En Bolivia (2008) y México (2006), casi el 40% de las mujeres de entre 15 y 49 años consultadas admitió sufrir o haber sufrido violencia emocional; en Colombia (2005) y Perú (2004), los casos superan el 60 %, mientras que en República Dominicana (2007) el porcentaje llega al 26%. Son afectadas por violencia física un 16,1% de mujeres en República Dominicana hasta un 42% en Perú. Por otra parte, entre un 5% y un 11% de las mujeres identifica haber sufrido de violencia sexual. Y, según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares (ENDIREH 2006) de México, el 67% de las mujeres de 15 años y más ha vivido incidentes de violencia por parte de pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela.

Un Entorno Lastimoso

Este dato impresiona y nos revela la profunda dinámica psicosocial de este fenómeno: allí donde supuestamente las mujeres y niñas deberían estar más seguras es donde más las lastiman: el entorno más cercano, la comunidad, el trabajo, la escuela.
Pero no solo hay diferencias entre hombres y mujeres: también hay diferencias entre las mujeres. Por eso en el título de la campaña no se habla de la violencia contra la mujer, sino contra las mujeres.
Las formas de violencia se hacen presentes en distintos contextos territoriales, sociales, étnicos, raciales y culturales concretos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afro descendientes.
Se ha constatado que los obstáculos que enfrentan para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas pueden ser particularmente críticos, porque sufren de varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por su condición socio-económica. Otro ejemplo son las miles de mujeres en la región que sufren la doble crisis de violencia de género y VIH, donde una exacerba a la otra en un círculo vicioso de discriminación, estigma, temor, abusos de derechos y, finalmente, la muerte.
No hay duda de los avances que ha mostrado la región en el marco normativo y legal. El sistema jurídico en la región ha presentado importantes avances; sobre todo, en materia penal y en la adopción de tratados internacionales. Esto se lo debemos muy especialmente al esfuerzo de numerosos actores, especialmente las organizaciones de mujeres, que en los últimos 30 años han trabajado para construir una agenda política para erradicar la violencia de género. El movimiento de las organizaciones de mujeres ha mantenido siempre en la agenda el tema de la equidad y eso merece un reconocimiento muy importante.