lunes, 11 de enero de 2010

ALARMANTE VIOLENCIA DE GÉNERO E IMPUNIDAD EN AMERÍCA LATINA

La violencia de género y la discriminación de la mujer en Latinoamérica alcanzan cifras alarmantes. La crisis actual viene a abrir un nuevo frente en la insostenible situación del mercado laboral femenino.

“Mató a su novia de 75 puñaladas y lo condenan por imprudencia", reza el titular periodístico. El tribunal de General Roca, en Argentina, entendió que, como estaba alcoholizado, el asesino actuó de manera negligente y sin intención. La sentencia fue apelada por el fiscal. En Guatemala hubo 2.920 homicidios de mujeres en los últimos cinco años, y la Fundación Sobrevivientes, apoyada por el Gobierno, da ayuda a 18.000 mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Más de 500 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993. Cada año se reportan 100.000 denuncias por violencia doméstica en Perú. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 40% de las mujeres de América Latina sufre violencia física, y en algunos países cerca del 60% padece violencia emocional.
Hay avances, pero la violencia de género y la impunidad continúan. En un fallo ejemplar que sentó un precedente pionero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictaminar sobre los asesinatos de varias adolescentes en Ciudad Juárez: el Estado mexicano "debe encontrar, juzgar y condenar a los culpables"; remover todos los obstáculos que impiden una "debida investigación"; investigar a los funcionarios acusados de "irregularidades" en la investigación, sancionarlos y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en honor a la memoria de las jóvenes, y erigirles un monumento para recordarlas.
Ante la gravedad de la violencia de género en el mundo (en Italia, por ejemplo, siete millones de mujeres sufrieron agresiones o maltratos al menos una vez en su vida), el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha lanzado la campaña universal Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres.
La violencia es uno de los campos donde hay muchísimo que hacer en discriminación de género en América Latina. Otro muy complejo y delicado es la situación de la mujer en el mercado de trabajo, como lo indica Trabajo y familia, un riguroso informe de 2009 realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OIT.
La sociedad saludó el ingreso masivo de la mujer al mercado laboral. Más de 100 millones de mujeres trabajan, y ello es una fuente fundamental de dignificación, autoestima, y hace un decisivo aporte al producto bruto. Entre otros indicadores, la CEPAL ha estimado que si no fuera por las mujeres pobres que trabajan, la pobreza urbana sería un 10% mayor, y la rural, un 7%, lo que supone unas cifras explosivas en una región donde una de cada tres personas es pobre.
El 50% de las mujeres que trabajan lo hace en la economía informal, con bajas remuneraciones y casi sin protección social. La vida tampoco es un lecho de rosas para las mujeres ocupadas en empresas en la economía formal. Ganan el 70% de los hombres, deben hacer méritos muy por encima de la norma para progresar y tienen una limitada representación, menor al 20%, en responsabilidades directivas.
Al mismo tiempo, las mujeres siguen a cargo de los niños, los hogares, las personas mayores y toda la "economía de cuidado". En México, por ejemplo, dedican a ello 50 horas semanales, mientras que los hombres, sólo 10. Ni sus cónyuges, ni las políticas públicas, ni las empresas las ayudan mayormente en su doble y agotadora jornada diaria (en el trabajo y el hogar). Entre otros aspectos, la discriminación hacia las mujeres que quieren ser madres, o lo son, sigue siendo activa. Es difícil argumentarla como suelen hacerlo algunos sectores empresariales como un problema de costes cuando, según estima la OIT, el coste de licencias de maternidad, apoyo a la lactancia y guarderías es el 2% del sueldo de las mujeres, y la mayor parte es subsidiado por la Seguridad Social.
En la crisis actual, los impactos para las mujeres latinoamericanas son mayores que para los hombres. Mitos como que el trabajo de la mujer es secundario o que su aporte al mantenimiento del hogar es marginal, ajenos a la realidad, inciden en sus altas tasas de despido y sus reducciones salariales. Además, son más vulnerables frente a la crisis porque "el funcionamiento de las instituciones laborales que protegen sus derechos es más débil, y por su menor presencia en organizaciones sindicales y en sectores que negocian colectivamente".
Por otra parte, sus responsabilidades en hogares apretados por el aumento de la desocupación (2,5 millones de desocupados nuevos en 2009) y la pobreza (8 millones de pobres adicionales) son crecientes. Asimismo, es débil su presencia en algunos de los espacios de más peso en las decisiones económicas vinculadas con la crisis, como los ministerios de Economía y los bancos centrales.
Todos los problemas mencionados sobre la condición de la mujer en América Latina tienen respuestas posibles. Hay importantes luchas en marcha, y no pertenecen al mundo de las quimeras. Se están practicando en sociedades avanzadas como las nórdicas, en donde la sociedad apoya activamente con leyes y presupuestos a las mujeres que trabajan. Son de alto interés iniciativas como el plan para conciliar trabajo y familia que lanzó la Generalitat de Catalunya, que consta de 166 medidas y afecta a 13 departamentos. Entre ellas están: incentivos a las empresas, tener en cuenta sus récords en esta materia en las adjudicaciones de contratos, impulso al teletrabajo, flexibilización de horarios en los centros educativos e impulso a las guarderías rurales.
La impunidad, la discriminación, el machismo no afectan sólo a las mujeres. Como lo plantea la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, la igualdad de género "es esencial para la realización de todos los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el progreso general de todas las sociedades". La cuestión no es en América Latina un problema de las mujeres, sino colectivo; está en juego el perfil ético y la calidad de las sociedades de la región. No hay más excusas posibles, es hora de pasar de los discursos a las acciones.

Este artículo fue escrito por Bernardo Kliksberg
Director del Fondo España-PNUD / Asesor Principal de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD

EL ROSTRO OCULTO DE LA VIOLENCIA

En octubre de 2009, en la presentación del Informe de Desarrollo Humano para América Central sobre Seguridad Ciudadana realizada en El Salvador, se confirmó una vez más la gravedad de la violencia contra la mujer, en principio por el silenciamiento que incrementa las inseguridades que padecen las mujeres de la región, desde la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, probablemente el más silenciado de los delitos, y hasta el femicidio, que es el delito de dar muerte a una mujer por razones asociadas a su género.
El informe sostiene por tanto que la violencia contra las mujeres es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana en América Central, a tal punto que la opinión pública ni siquiera lo percibe como parte del “problema del crimen”. A pesar de que, según estudios realizados, en Panamá entre 2000 y 2003 el 68% de los homicidios de mujeres fueron femicidios, y en Costa Rica entre 1990 y 2003 el 61% de los homicidios contra mujeres también lo fueron. O sea, que dos de cada tres mujeres que mueren asesinadas en Centroamérica mueren por ser mujeres.
Además sabemos que el grueso de los femicidios son la culminación de una larga historia de relaciones abusivas y controladoras por parte de parejas, ex parejas, familiares, pretendientes y acosadores. El resto de los femicidios son hechos como el intento de violación por parte de un desconocido o la muerte de mujeres sujetas al tráfico sexual.

De Las Palabras A La Acción

En Guatemala, entre el año 2001 y 2006, los femicidios se duplicaron pasando de 303 casos a 603. Esto sucede a pesar de un marco normativo que ha ido avanzando, culminando recientemente con la aprobación de la “Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer” y la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, lo cual hemos destacado en la Feria como una de las leyes de segunda generación más completas de la región.
Por eso es urgente, como dice la campaña, pasar de las palabras a la acción y dotar a las instancias correspondientes de los recursos humanos y financieros para poder implementar estos valiosos instrumentos contra la violencia y contra la impunidad.
En Guatemala, como en el resto del continente, el análisis del delito, la criminalidad y la violencia presenta variaciones notables según el sexo. Esto se refleja en la diferencia de percepción de inseguridad entre hombres y mujeres. En el Informe de Desarrollo Humano para América Central sobre Seguridad Ciudadana se muestran los resultados de una encuesta que ilustran que, con excepción de Honduras, en todos los países de América Central una mayor proporción de mujeres dicen sentirse inseguras en su barrio y también consideran que el nivel de violencia en la ciudad o pueblo en donde viven son más altos de lo que creen los hombres

Los números son elocuentes:

·el 58% de las mujeres costarricenses ha vivido al menos un incidente de violencia física o sexual después de los 16 años;

· el 36% de las salvadoreñas que han vivido con un hombre han padecido violencia psicológica durante su vida;

· el 48% de mujeres en Nicaragua indicaron haber sufrido violencia verbal;

· en promedio, la mitad de las mujeres centroamericanas han sido objeto de violencia durante su vida adulta.

En Bolivia (2008) y México (2006), casi el 40% de las mujeres de entre 15 y 49 años consultadas admitió sufrir o haber sufrido violencia emocional; en Colombia (2005) y Perú (2004), los casos superan el 60 %, mientras que en República Dominicana (2007) el porcentaje llega al 26%. Son afectadas por violencia física un 16,1% de mujeres en República Dominicana hasta un 42% en Perú. Por otra parte, entre un 5% y un 11% de las mujeres identifica haber sufrido de violencia sexual. Y, según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares (ENDIREH 2006) de México, el 67% de las mujeres de 15 años y más ha vivido incidentes de violencia por parte de pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela.

Un Entorno Lastimoso

Este dato impresiona y nos revela la profunda dinámica psicosocial de este fenómeno: allí donde supuestamente las mujeres y niñas deberían estar más seguras es donde más las lastiman: el entorno más cercano, la comunidad, el trabajo, la escuela.
Pero no solo hay diferencias entre hombres y mujeres: también hay diferencias entre las mujeres. Por eso en el título de la campaña no se habla de la violencia contra la mujer, sino contra las mujeres.
Las formas de violencia se hacen presentes en distintos contextos territoriales, sociales, étnicos, raciales y culturales concretos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afro descendientes.
Se ha constatado que los obstáculos que enfrentan para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas pueden ser particularmente críticos, porque sufren de varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por su condición socio-económica. Otro ejemplo son las miles de mujeres en la región que sufren la doble crisis de violencia de género y VIH, donde una exacerba a la otra en un círculo vicioso de discriminación, estigma, temor, abusos de derechos y, finalmente, la muerte.
No hay duda de los avances que ha mostrado la región en el marco normativo y legal. El sistema jurídico en la región ha presentado importantes avances; sobre todo, en materia penal y en la adopción de tratados internacionales. Esto se lo debemos muy especialmente al esfuerzo de numerosos actores, especialmente las organizaciones de mujeres, que en los últimos 30 años han trabajado para construir una agenda política para erradicar la violencia de género. El movimiento de las organizaciones de mujeres ha mantenido siempre en la agenda el tema de la equidad y eso merece un reconocimiento muy importante.