El viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos, y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edward Sidney Blanco, en su declaración brindada ante el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, dijeron que las fuerzas armadas salvadoreñas “confabularon” para que no trascendieran los autores intelectuales del crimen.Los dos funcionarios fungieron como fiscales y acusadores particulares en el proceso contra los militares incriminados en el homicidio de los sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre de 1989.
Por esta causa judicializada en 1991, fueron llevados a juicio nueve militares, aunque sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1993 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.
El actual magistrado de la CSJ, expresó que en el proceso de indagación que realizaron como fiscales se encontraron con una serie de limitantes y obstáculos que no les permitieron buscar a los autores intelectuales.
Blanco, explicó que uno de esos obstáculos procedieron de la confabulación de las fuerzas armadas salvadoreñas, que en ocasiones negaron informaciones y que también proporcionaron otras erróneas durante la investigación.
Agregó que la investigación no se dirigió "hacia arriba de Benavides", por lo que descartó apuntar a una posible participación del entonces presidente del país, Alfredo Cristiani.
Mientras que Henry Campos, actual viceministro de Justicia y Seguridad, detalló que el juicio realizado en El Salvador estuvo controlado y que se pretendió hacer “responsables a los intermediarios” y excluir a los autores intelectuales.
Las declaraciones de los dos ex fiscales se da luego que en España, el juez Velasco admitió en enero de 2009 la querella de la Asociación de Derechos Humanos de España contra catorce militares salvadoreños por el homicidio de seis sacerdotes jesuitas.
Hasta la fecha, el magistrado español ha localizado a 12 de los 14 militares acusados, a quienes imputa los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional tras el asesinato del español Ignacio Ellacuría, otros cinco jesuitas y dos empleadas en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).
En el caso de la comparecencia de los militares, fuentes judiciales señalaron que si los imputados tuvieran problemas para trasladarse a España, el juez los interrogaría a través de videoconferencia.
El juez Velasco acordó no investigar al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, contra quien se dirigía también la querella.
Los hechos investigados ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando militares salvadoreños asesinaron en la Universidad Centroamericana (UCA) al rector de la institución, el jesuita español Ignacio Ellacuría; a los sacerdotes de la misma nacionalidad Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, y al salvadoreño Joaquín López y López.
También asesinaron a Elba Julia, una empleada doméstica, y su hija Celina, de 16 años.
El pasado 24 de noviembre, Velasco escuchó el testimonio de la profesora de la Universidad estadounidense de Stanford Terry Karl, especialista en asuntos latinoamericanos, y el próximo 30 de este mes tomará declaración a la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle.











En los últimos dos años, las denuncias por responsabilidad médica, mejor conocidos como mala praxis, han aumentado en un 53.39%, según los casos ingresados en sede fiscal de junio 2007 a julio 2009.


Instalar un software pitara en las computadoras es darle una herramienta al crimen cibernético. Esa fue la conclusión a la que llegaron ayer expertos de Microsoft Corporation.