En Cabañas, miles de personas recorrieron las principales calles de Sensuntepeque, Cabañas, para decir un rotundo no a los proyectos de explotación minera de la empresa canadiense Pacific Rim.
Fue una multitudinaria caminata la que hubo este 27 de julio con la participación de aproximadamente seis mil personas que llegaron de diversas comunidades de todos los municipios de Cabañas.
A la actividad se incorporaron representantes de diversas denominaciones cristiana, organizaciones e intituciones quienes demostraron a los canadienses que no van a permitir la contaminación de sus tierras.
La caminata fue organizada por la Mesa Progresista por la Vida, integrada por la Asociación Amigos de San Isidro, Cabañas (ASIC), la Unión de Comunidades de Victoria (UCODEVI), la Asociación de Empresarios de Sensuntepeque (ADESEN), el Comité Monseñor Romero (COSMOR), Asociación Nuevo Cabañas (ANC), la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y el Comité Ambiental de Cabañas (CAC).
La actividad multitudinaria en la que participaron un estimado de seis mil personas, ha sido un mensaje de unidad y de resistencia enviado por las diversas comunidades a Pacific Rim .
domingo, 27 de julio de 2008
MULTIMEDIA DE CAMINATA VERDE
Representantes de diversas instituciones y denominaciones cristianas en contra de la explotación minera, expresan su punto de vista. En el primer vídeo habla el obispo anglicano Gabriel Orellana; y en el segundo, el sacerdote franciscano, Ildefonso Mejía, de la Diócesis de Chalatenango.
miércoles, 23 de julio de 2008
GOLPE BAJO PARA FISCALÍA DE EL SALVADOR

Uno no necesita ser abogado, ni mucho menos juez; para prever lo que en un juicio puede ocurrir.
Digo esto porque, en la vista pública donde fue sentado como acusado, Edwin René Sánchez Canjura, conocido como “El Profe” se percibió desde el principio una serie de deficiencias de investigación fiscal.
De entrada el primer error. La jueza Consuelo Manzano, le advirtió al Ministerio Público Fiscal que la complicidad no necesaria atribuida al imputado podría modificarse a encubrimiento.
Era de pensar que los dos auxiliares fiscales le iban a solicitar al tribunal que modificara el grado de participación al momento de plantear los incidentes, pero no ocurrió y lo hicieron hasta en los alegatos finales.
En esa fase le solicitaron a los jueces que modificara la participación de Sánchez Canjura, de cómplice no necesario a coautor, nunca los jueces iban acceder a semejante petición porque violentarían las garantías fundamentales.
Además los fiscales estaban solicitando que se le enjuiciara como coautor cuando en realidad no pudieron establecer la existencia de tres requisitos. Que haya un acuerdo previo, que se compruebe una distribución de roles y funciones y que haya ejecución de actos objetivos esenciales.
Pero lo que más me hizo pensar sobre una absolución fue la declaración del testigo clave “Saúl”, no tuvo congruencia, se mostró muy inseguro y contradictorio, intentó sorprender a los jueces con su testimonio muy poco contundente, a lo mejor lo pudo haber hecho en su momento, pero no así al defensor del imputado, Reynaldo González, un catedrático con 15 años de estar en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador que lo puso sobre la pared cuando le hizo preguntas sobre ubicación de tiempo y espacio.
El juicio en mención lo seguí de principio a fin, y con mi experiencia de diez años en ese tipo de coberturas, fue la primera vez que en la que pude observar que la Fiscalía no presentó testimonio de agentes policiales que investigaron el caso, nunca presentaron álbum fotográfico, una planimetría para ubicar geográficamente la zona donde supuestamente se hizo la entrega del fusil, tampoco hubo reconstrucción de los hechos y por si fuera poco jamás se supo de donde sacaron el famoso testigo.
En síntesis. “Señores fiscales les dieron una arrastrada”, un profesor de Derecho de la UES les dio cátedra de que no se debe hacer en un futuro o de lo contrario van a seguir cosechando los mismos resultados.
Ahora, me llama la atención, como funcionarios de otros órganos del Estado hacen semejantes aseveraciones de los jueces del tribunal y los relacionan con el defensor, en el proceso nadie tiene culpa que uno de los jueces y el abogado particular de Sánchez Canjura, sean catedráticos de la UES.
Mejor deberían reconocer que este caso y muchos más los han perdido por la deficiencia en la investigación policial y fiscal, mejor deberían de trabajar en el fortalecimiento de las investigaciones, porque de lo contrario van a seguir perdiendo muchos casos sonados más.
Digo esto porque, en la vista pública donde fue sentado como acusado, Edwin René Sánchez Canjura, conocido como “El Profe” se percibió desde el principio una serie de deficiencias de investigación fiscal.
De entrada el primer error. La jueza Consuelo Manzano, le advirtió al Ministerio Público Fiscal que la complicidad no necesaria atribuida al imputado podría modificarse a encubrimiento.
Era de pensar que los dos auxiliares fiscales le iban a solicitar al tribunal que modificara el grado de participación al momento de plantear los incidentes, pero no ocurrió y lo hicieron hasta en los alegatos finales.
En esa fase le solicitaron a los jueces que modificara la participación de Sánchez Canjura, de cómplice no necesario a coautor, nunca los jueces iban acceder a semejante petición porque violentarían las garantías fundamentales.
Además los fiscales estaban solicitando que se le enjuiciara como coautor cuando en realidad no pudieron establecer la existencia de tres requisitos. Que haya un acuerdo previo, que se compruebe una distribución de roles y funciones y que haya ejecución de actos objetivos esenciales.
Pero lo que más me hizo pensar sobre una absolución fue la declaración del testigo clave “Saúl”, no tuvo congruencia, se mostró muy inseguro y contradictorio, intentó sorprender a los jueces con su testimonio muy poco contundente, a lo mejor lo pudo haber hecho en su momento, pero no así al defensor del imputado, Reynaldo González, un catedrático con 15 años de estar en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador que lo puso sobre la pared cuando le hizo preguntas sobre ubicación de tiempo y espacio.
El juicio en mención lo seguí de principio a fin, y con mi experiencia de diez años en ese tipo de coberturas, fue la primera vez que en la que pude observar que la Fiscalía no presentó testimonio de agentes policiales que investigaron el caso, nunca presentaron álbum fotográfico, una planimetría para ubicar geográficamente la zona donde supuestamente se hizo la entrega del fusil, tampoco hubo reconstrucción de los hechos y por si fuera poco jamás se supo de donde sacaron el famoso testigo.
En síntesis. “Señores fiscales les dieron una arrastrada”, un profesor de Derecho de la UES les dio cátedra de que no se debe hacer en un futuro o de lo contrario van a seguir cosechando los mismos resultados.
Ahora, me llama la atención, como funcionarios de otros órganos del Estado hacen semejantes aseveraciones de los jueces del tribunal y los relacionan con el defensor, en el proceso nadie tiene culpa que uno de los jueces y el abogado particular de Sánchez Canjura, sean catedráticos de la UES.
Mejor deberían reconocer que este caso y muchos más los han perdido por la deficiencia en la investigación policial y fiscal, mejor deberían de trabajar en el fortalecimiento de las investigaciones, porque de lo contrario van a seguir perdiendo muchos casos sonados más.
viernes, 18 de julio de 2008
"LAS INTERVENCIONES SON UNA NECESIDAD PARA LA SEGURIDAD DEL PAÍS"

Ástor Escalante
Viceministro de Seguridad
¿Qué opina acerca de la intervención telefónica en El Salvador?
-Al igual que en cualquier parte del mundo las intervenciones a las telecomunicaciones son una necesidad para la seguridad del país, constituye una herramienta fundamental en la lucha contra la delincuencia, no solo la delincuencia común, sino de la delincuencia organizada, pero aún más importante; constituye una herramienta de prevención significativa y crucial porque cuando la Policía puede tener información que alguna estructura delictiva está planificando atentar contra una persona, la herramienta de intervención a las telecomunicaciones podría desarticular esa planificación de una estructura de sicarios o de narcotraficantes.
¿No viola la Constitución de la República?
-De ninguna manera, nosotros hemos hecho este esfuerzo, en el 2005 presentamos la propuesta de reforma que se consolidó en el 2006, se reformó el artículo 24 de la Constitución que prohíbe la intervención, a las telecomunicaciones, pero lamentablemente requiere la ratificación por mayoría calificada y lamentable y desgraciadamente se requieren los votos del FMLN, digo lamentable y desgraciadamente porque no deberíamos tener la necesidad de recurrir a esa súplica para tener una herramienta de combate a la criminalidad.
La Asamblea Legislativa modificó la Constitución, pero varios legisladores no lo aprobaron porque dijeron que la intervención telefónica podría ser utilizada como en el pasado para fines políticos ¿Qué piensa de eso?
-Yo creo que tienen una psicosis inexplicable, yo te quiero decir que algunos miembros del FMLN trabajaron en ANTEL, yo no se si tienen experiencia en algunas de esas malas prácticas que ellos hablan, yo creo que el país es demasiado pequeño para saber lo que andan haciendo los políticos y las políticas en el pequeño territorio salvadoreño, el que habla de la pera comérsela quiere, el que nada debe nada teme, a lo mejor estarán temiendo otro tipo de situaciones, yo esperaría que estos políticos no estén involucrados en actividades irregulares.
¿Cree que la intervención de las comunicaciones telefónicas es la medida más idónea para indagar casos complejos y de crimen organizado?
-Esa es la mejor herramienta que pueda existir no solo para castigar a los gatos de la delincuencia, sino para castigar también a los tigres de la delincuencia, a los perrones que algunos les llaman.
¿Qué requisitos deben reunirse para adoptar la intervención telefónica en el país?
-Mirá, nosotros hemos estado comentando y hemos dicho hasta la saciedad que se pueden poner todos los candados jurídicos para evitar esos argumentos tontos o ilógicos que plantean algunos, por ejemplo el fiscal o la Policía solicita la orden a un juez para que intervenga la telecomunicación de algunas personas cuando se tenga información que algunas personas están involucradas en hechos delictivos graves, luego viene el juez analiza la petición, no se tendrá que tardar 15 días o una semana el juez, tendrá que resolver de manera pronta y de forma inmediata.
¿Debe delimitarse los delitos a investigar con esta herramienta?
-Se puede delimitar, pero no necesariamente cerrarse, no se debe establecer una limitación tan radical, por qué. Porque, por ejemplo la orden se ha dado para investigar narcotráfico, pero si de repente en esa intervención telefónica se detecta que el delincuente que está siendo intervenido está planificando la muerte de una persona, pues se le debe de permitir a la autoridad policial y fiscal que presente esa intervención.
¿El país está preparado para manejar adecuadamente las intervenciones telefónicas?
-El país debe prepararse permanente y constantemente, aquí tendríamos que pedir apoyo si aprueban estas reformas importantes, se debería incluso pedir cooperación a paises amigos, como Estados Unidos y Francia que tienen intervención para que capaciten al personal idóneo.
¿El espionaje telefónico sería la última herramienta a utilizar en un caso y no siempre se acudirá a ello sin antes agotar otras técnicas de investigación?
-Bueno, si no fuera necesaria utilizar la intervención a la telecomunicación no se utilizaría, si en algún momento se puede llegar a la cabeza o a los mandamás de una estructura delictiva, no se utilizaría.
Viceministro de Seguridad
¿Qué opina acerca de la intervención telefónica en El Salvador?
-Al igual que en cualquier parte del mundo las intervenciones a las telecomunicaciones son una necesidad para la seguridad del país, constituye una herramienta fundamental en la lucha contra la delincuencia, no solo la delincuencia común, sino de la delincuencia organizada, pero aún más importante; constituye una herramienta de prevención significativa y crucial porque cuando la Policía puede tener información que alguna estructura delictiva está planificando atentar contra una persona, la herramienta de intervención a las telecomunicaciones podría desarticular esa planificación de una estructura de sicarios o de narcotraficantes.
¿No viola la Constitución de la República?
-De ninguna manera, nosotros hemos hecho este esfuerzo, en el 2005 presentamos la propuesta de reforma que se consolidó en el 2006, se reformó el artículo 24 de la Constitución que prohíbe la intervención, a las telecomunicaciones, pero lamentablemente requiere la ratificación por mayoría calificada y lamentable y desgraciadamente se requieren los votos del FMLN, digo lamentable y desgraciadamente porque no deberíamos tener la necesidad de recurrir a esa súplica para tener una herramienta de combate a la criminalidad.
La Asamblea Legislativa modificó la Constitución, pero varios legisladores no lo aprobaron porque dijeron que la intervención telefónica podría ser utilizada como en el pasado para fines políticos ¿Qué piensa de eso?
-Yo creo que tienen una psicosis inexplicable, yo te quiero decir que algunos miembros del FMLN trabajaron en ANTEL, yo no se si tienen experiencia en algunas de esas malas prácticas que ellos hablan, yo creo que el país es demasiado pequeño para saber lo que andan haciendo los políticos y las políticas en el pequeño territorio salvadoreño, el que habla de la pera comérsela quiere, el que nada debe nada teme, a lo mejor estarán temiendo otro tipo de situaciones, yo esperaría que estos políticos no estén involucrados en actividades irregulares.
¿Cree que la intervención de las comunicaciones telefónicas es la medida más idónea para indagar casos complejos y de crimen organizado?
-Esa es la mejor herramienta que pueda existir no solo para castigar a los gatos de la delincuencia, sino para castigar también a los tigres de la delincuencia, a los perrones que algunos les llaman.
¿Qué requisitos deben reunirse para adoptar la intervención telefónica en el país?
-Mirá, nosotros hemos estado comentando y hemos dicho hasta la saciedad que se pueden poner todos los candados jurídicos para evitar esos argumentos tontos o ilógicos que plantean algunos, por ejemplo el fiscal o la Policía solicita la orden a un juez para que intervenga la telecomunicación de algunas personas cuando se tenga información que algunas personas están involucradas en hechos delictivos graves, luego viene el juez analiza la petición, no se tendrá que tardar 15 días o una semana el juez, tendrá que resolver de manera pronta y de forma inmediata.
¿Debe delimitarse los delitos a investigar con esta herramienta?
-Se puede delimitar, pero no necesariamente cerrarse, no se debe establecer una limitación tan radical, por qué. Porque, por ejemplo la orden se ha dado para investigar narcotráfico, pero si de repente en esa intervención telefónica se detecta que el delincuente que está siendo intervenido está planificando la muerte de una persona, pues se le debe de permitir a la autoridad policial y fiscal que presente esa intervención.
¿El país está preparado para manejar adecuadamente las intervenciones telefónicas?
-El país debe prepararse permanente y constantemente, aquí tendríamos que pedir apoyo si aprueban estas reformas importantes, se debería incluso pedir cooperación a paises amigos, como Estados Unidos y Francia que tienen intervención para que capaciten al personal idóneo.
¿El espionaje telefónico sería la última herramienta a utilizar en un caso y no siempre se acudirá a ello sin antes agotar otras técnicas de investigación?
-Bueno, si no fuera necesaria utilizar la intervención a la telecomunicación no se utilizaría, si en algún momento se puede llegar a la cabeza o a los mandamás de una estructura delictiva, no se utilizaría.
RETOMARÁN LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

El gabinete de seguridad retomará el tema de las intervenciones telefónicas para que en la Asamblea Legislativa se pueda ratificar la reforma al artículo 24 de la Constitución que los legisladores aprobaron en el año 2006.
Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Pública, dijo incluso que están preparando un anteproyecto para reforzar la necesidad de tener esa herramienta legal y en la cual debe haber un control judicial en su ejecución.
Primero debe existir una petición fiscal o policial, posteriormente el juez debe autorizarla y tenerla bajo su control, previo a evaluar las evidencias que le presentan los solicitantes.Un juez debe autorizar un determinado tiempo para que la intervención se realice, pero si en cualquier momento el juez detecta o comprueba que el fiscal o el policía ha cometido un uso arbitrario, puede revocar la orden.
Pero Escalante, sostiene que si se detecta que ha habido un abuso por parte del fiscal o el policía se puede tipificar en el Código Penal como un delito y castigar esa acción.Según el funcionario la ley debe ser amplia y debe tener candados para evitar abusos, pero eso no significa que se va a limitar la investigación, para el viceministro las escuchas telefónicas pueden servir a las autoridades para investigar delitos complejos y bandas bien organizadas, agregó que a nivel de otros países El Salvador se ha quedado en la era de piedra en la investigación porque no cuenta con la intervención telefónica
Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Pública, dijo incluso que están preparando un anteproyecto para reforzar la necesidad de tener esa herramienta legal y en la cual debe haber un control judicial en su ejecución.
Primero debe existir una petición fiscal o policial, posteriormente el juez debe autorizarla y tenerla bajo su control, previo a evaluar las evidencias que le presentan los solicitantes.Un juez debe autorizar un determinado tiempo para que la intervención se realice, pero si en cualquier momento el juez detecta o comprueba que el fiscal o el policía ha cometido un uso arbitrario, puede revocar la orden.
Pero Escalante, sostiene que si se detecta que ha habido un abuso por parte del fiscal o el policía se puede tipificar en el Código Penal como un delito y castigar esa acción.Según el funcionario la ley debe ser amplia y debe tener candados para evitar abusos, pero eso no significa que se va a limitar la investigación, para el viceministro las escuchas telefónicas pueden servir a las autoridades para investigar delitos complejos y bandas bien organizadas, agregó que a nivel de otros países El Salvador se ha quedado en la era de piedra en la investigación porque no cuenta con la intervención telefónica
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