lunes, 11 de enero de 2010

EL ROSTRO OCULTO DE LA VIOLENCIA

En octubre de 2009, en la presentación del Informe de Desarrollo Humano para América Central sobre Seguridad Ciudadana realizada en El Salvador, se confirmó una vez más la gravedad de la violencia contra la mujer, en principio por el silenciamiento que incrementa las inseguridades que padecen las mujeres de la región, desde la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, probablemente el más silenciado de los delitos, y hasta el femicidio, que es el delito de dar muerte a una mujer por razones asociadas a su género.
El informe sostiene por tanto que la violencia contra las mujeres es la principal cara escondida de la inseguridad ciudadana en América Central, a tal punto que la opinión pública ni siquiera lo percibe como parte del “problema del crimen”. A pesar de que, según estudios realizados, en Panamá entre 2000 y 2003 el 68% de los homicidios de mujeres fueron femicidios, y en Costa Rica entre 1990 y 2003 el 61% de los homicidios contra mujeres también lo fueron. O sea, que dos de cada tres mujeres que mueren asesinadas en Centroamérica mueren por ser mujeres.
Además sabemos que el grueso de los femicidios son la culminación de una larga historia de relaciones abusivas y controladoras por parte de parejas, ex parejas, familiares, pretendientes y acosadores. El resto de los femicidios son hechos como el intento de violación por parte de un desconocido o la muerte de mujeres sujetas al tráfico sexual.

De Las Palabras A La Acción

En Guatemala, entre el año 2001 y 2006, los femicidios se duplicaron pasando de 303 casos a 603. Esto sucede a pesar de un marco normativo que ha ido avanzando, culminando recientemente con la aprobación de la “Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer” y la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, lo cual hemos destacado en la Feria como una de las leyes de segunda generación más completas de la región.
Por eso es urgente, como dice la campaña, pasar de las palabras a la acción y dotar a las instancias correspondientes de los recursos humanos y financieros para poder implementar estos valiosos instrumentos contra la violencia y contra la impunidad.
En Guatemala, como en el resto del continente, el análisis del delito, la criminalidad y la violencia presenta variaciones notables según el sexo. Esto se refleja en la diferencia de percepción de inseguridad entre hombres y mujeres. En el Informe de Desarrollo Humano para América Central sobre Seguridad Ciudadana se muestran los resultados de una encuesta que ilustran que, con excepción de Honduras, en todos los países de América Central una mayor proporción de mujeres dicen sentirse inseguras en su barrio y también consideran que el nivel de violencia en la ciudad o pueblo en donde viven son más altos de lo que creen los hombres

Los números son elocuentes:

·el 58% de las mujeres costarricenses ha vivido al menos un incidente de violencia física o sexual después de los 16 años;

· el 36% de las salvadoreñas que han vivido con un hombre han padecido violencia psicológica durante su vida;

· el 48% de mujeres en Nicaragua indicaron haber sufrido violencia verbal;

· en promedio, la mitad de las mujeres centroamericanas han sido objeto de violencia durante su vida adulta.

En Bolivia (2008) y México (2006), casi el 40% de las mujeres de entre 15 y 49 años consultadas admitió sufrir o haber sufrido violencia emocional; en Colombia (2005) y Perú (2004), los casos superan el 60 %, mientras que en República Dominicana (2007) el porcentaje llega al 26%. Son afectadas por violencia física un 16,1% de mujeres en República Dominicana hasta un 42% en Perú. Por otra parte, entre un 5% y un 11% de las mujeres identifica haber sufrido de violencia sexual. Y, según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares (ENDIREH 2006) de México, el 67% de las mujeres de 15 años y más ha vivido incidentes de violencia por parte de pareja o de otras personas en su familia, en la comunidad, en el trabajo o en la escuela.

Un Entorno Lastimoso

Este dato impresiona y nos revela la profunda dinámica psicosocial de este fenómeno: allí donde supuestamente las mujeres y niñas deberían estar más seguras es donde más las lastiman: el entorno más cercano, la comunidad, el trabajo, la escuela.
Pero no solo hay diferencias entre hombres y mujeres: también hay diferencias entre las mujeres. Por eso en el título de la campaña no se habla de la violencia contra la mujer, sino contra las mujeres.
Las formas de violencia se hacen presentes en distintos contextos territoriales, sociales, étnicos, raciales y culturales concretos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afro descendientes.
Se ha constatado que los obstáculos que enfrentan para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas pueden ser particularmente críticos, porque sufren de varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su origen étnico o racial y/o por su condición socio-económica. Otro ejemplo son las miles de mujeres en la región que sufren la doble crisis de violencia de género y VIH, donde una exacerba a la otra en un círculo vicioso de discriminación, estigma, temor, abusos de derechos y, finalmente, la muerte.
No hay duda de los avances que ha mostrado la región en el marco normativo y legal. El sistema jurídico en la región ha presentado importantes avances; sobre todo, en materia penal y en la adopción de tratados internacionales. Esto se lo debemos muy especialmente al esfuerzo de numerosos actores, especialmente las organizaciones de mujeres, que en los últimos 30 años han trabajado para construir una agenda política para erradicar la violencia de género. El movimiento de las organizaciones de mujeres ha mantenido siempre en la agenda el tema de la equidad y eso merece un reconocimiento muy importante.

miércoles, 30 de diciembre de 2009

FELIZ AÑO NUEVO

Siempre al empezar un nuevo año, todos nos ilusionamos y trazamos muchos objetivos, incluso cambiamos en nuestra vida diaria, llega a lo mejor un nuevo empleo, casa nueva, ropa, zapatos y hasta una nueva apariencia, pero a quienes no debemos cambiar nunca son nuestros amigos, nuestra gente, esas personas que están en los momentos más difíciles y en los más felices también.
Deseo para todos y todas que en el año 2010 haya las cosas necesarias en su vida, y que todo llegue en abundancia.
Feliz Año Nuevo

jueves, 26 de noviembre de 2009

EX FISCALES DE CASO JESUITAS AFIRMAN QUE NO LES PERMITIERON BUSCAR AUTORES INTELECTUALES

El viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos, y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edward Sidney Blanco, en su declaración brindada ante el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, dijeron que las fuerzas armadas salvadoreñas “confabularon” para que no trascendieran los autores intelectuales del crimen.
Los dos funcionarios fungieron como fiscales y acusadores particulares en el proceso contra los militares incriminados en el homicidio de los sacerdotes jesuitas el 16 de noviembre de 1989.
Por esta causa judicializada en 1991, fueron llevados a juicio nueve militares, aunque sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1993 quedaron en libertad tras la aprobación de la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.
El actual magistrado de la CSJ, expresó que en el proceso de indagación que realizaron como fiscales se encontraron con una serie de limitantes y obstáculos que no les permitieron buscar a los autores intelectuales.
Blanco, explicó que uno de esos obstáculos procedieron de la confabulación de las fuerzas armadas salvadoreñas, que en ocasiones negaron informaciones y que también proporcionaron otras erróneas durante la investigación.
Agregó que la investigación no se dirigió "hacia arriba de Benavides", por lo que descartó apuntar a una posible participación del entonces presidente del país, Alfredo Cristiani.
Mientras que Henry Campos, actual viceministro de Justicia y Seguridad, detalló que el juicio realizado en El Salvador estuvo controlado y que se pretendió hacer “responsables a los intermediarios” y excluir a los autores intelectuales.
Las declaraciones de los dos ex fiscales se da luego que en España, el juez Velasco admitió en enero de 2009 la querella de la Asociación de Derechos Humanos de España contra catorce militares salvadoreños por el homicidio de seis sacerdotes jesuitas.
Hasta la fecha, el magistrado español ha localizado a 12 de los 14 militares acusados, a quienes imputa los delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional tras el asesinato del español Ignacio Ellacuría, otros cinco jesuitas y dos empleadas en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).
En el caso de la comparecencia de los militares, fuentes judiciales señalaron que si los imputados tuvieran problemas para trasladarse a España, el juez los interrogaría a través de videoconferencia.
El juez Velasco acordó no investigar al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, contra quien se dirigía también la querella.
Los hechos investigados ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando militares salvadoreños asesinaron en la Universidad Centroamericana (UCA) al rector de la institución, el jesuita español Ignacio Ellacuría; a los sacerdotes de la misma nacionalidad Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, y al salvadoreño Joaquín López y López.
También asesinaron a Elba Julia, una empleada doméstica, y su hija Celina, de 16 años.
El pasado 24 de noviembre, Velasco escuchó el testimonio de la profesora de la Universidad estadounidense de Stanford Terry Karl, especialista en asuntos latinoamericanos, y el próximo 30 de este mes tomará declaración a la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, Kate Doyle.

lunes, 16 de noviembre de 2009

¿CUANDO VAMOS APRENDER DE LAS TRAGEDIAS?

Siempre se ha dicho que es en las desgracias y las calamidades donde se mide la grandeza y fortaleza de una nación, y eso ha quedado demostrado.
Pero también debemos decir que de las tragedias se debe aprender para que nunca más vuelvan a ocurrir, las autoridades deben ser las primeras en tomar algunas medidas de prevención.
En El Salvador se han tenido varios hechos que lamentar, pero a pesar de eso, las tragedias han continuado registrándose.
Aquí, luego se olvidan de los acontecimientos, solo en los días posteriores a las tragedias todo mundo habla de ejecutar obras e implementar nuevas medidas, pero con el pasar del tiempo todo queda en palabras y no se hace nada.
Es muy evidente que las pérdidas económicas han sido enormes, que hay un descomunal impacto a las finanzas, pero lo más lamentable es que las pérdidas humanas son muy dolorosas e irreparables.
De ahí que debemos demandar como sociedad civil acciones gubernamentales coordinadas y ordenadas, inmediatas y efectivas.
A continuación dejo algunas fotos de lo ocurrido en Verapaz, ya toda la gente ha visto los enormes estragos causados por las lluvias, pero estas nos pueden dar otro panorama de lo ocurrido.

















































































































































































































































viernes, 13 de noviembre de 2009

CONGRESISTA McGOVERN PIDE A LAS AUTORIDADES SALVADOREÑAS COMBATIR IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

El congresista estadounidense James P. McGovern, en su visita al país mostró su preocupación e insatisfacción por los resultados alcanzados por las autoridades salvadoreñas en cuarto casos específicos.
El más emblemático para el congresista es el homicidio del sindicalista Gilberto Soto, quien fue asesinado el 5 de noviembre de 2004 en Usulután, a este caso se suma el de la menor Katya Miranda, la infiltración de la banda “Los Perrones” en la Policía Nacional Civil y el homicidio del ambientalista Marcelo Rivera.
McGovern, llegó a la Fiscalía para pedirle al titular de esa institución Romeo Barahona, que profundice las investigaciones de los cuatro casos, a la reunión también asistió Ron Carves, quien fuera el jefe de Soto.
“Queremos expresar nuestras preocupaciones por estos casos específicos relacionados a Derechos Humanos e impunidad que enfrenta la Fiscalía, hemos hablado de esos cuatro casos como casos ejemplares, indicamos que para nosotros es importante que El Salvador toque la cuestión de impunidad y corrupción” comentó el congresista.
Según McGovern, la idea de entrevistarse con Barahona fue para conocer los avances obtenidos y que tipo de indagaciones se han estado realizando, al culminar la reunión el funcionario estadounidense y su comitiva salió con muchas dudas respecto a las diligencias que las autoridades salvadoreñas han ejecutado.
Es más dijo que si El Salvador pone más énfasis en el combate a la impunidad y corrupción resolviendo los casos señalados, la comunidad internacional se va comprometer con el país.
El congresista dejó al descubierto supuestos actos de corrupción en la Policía Nacional Civil, al enviar en junio de este año una carta al presidente Mauricio Funes, en la que le pidió investigar los presuntos nexos de Godofredo Miranda ex jefe de la División Antinarcóticos (dan) con la banda “Los Perrones”.
Presuntamente el ex jefe de la Dan traspapeló una documentación para la detención de un narcotraficante ligado a Los Perrones, según el informe, el oficial perdió incluso un expediente que serviría como prueba del decomiso de una tonelada de droga en Costa Rica y que el Ministerio Público utilizaría como prueba contra Reynerio de Jesús Flores Lazo, detenido por trafico ilícito.

miércoles, 26 de agosto de 2009

EN EL SALVADOR SUBE EN 53% DENUNCIAS POR MALA PRAXIS MÉDICA

En los últimos dos años, las denuncias por responsabilidad médica, mejor conocidos como mala praxis, han aumentado en un 53.39%, según los casos ingresados en sede fiscal de junio 2007 a julio 2009.
Los expedientes abiertos han estado a cargo de cinco fiscales del equipo de Responsabilidad Médica de la Unidad de Vida de la Fiscalía y son hechos solo del municipio de San Salvador, sostuvo Patricia Lara, jefa de la mencionada unidad.
“Este incremento implica dos cosas: se va despejando esa cifra negra y hay más apertura, más comunicación... por parte de la población usuaria de la red nacional de salud pública, así como también del derechohabiente (del Seguro Social)”, dijo Lara.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, entre 1997 y primer semestre de 2007 llegaron a la Fiscalía de San Salvador, 80 casos, que era un promedio anual de 11.Curiosamente, en esos diez años, solo un caso pudo ser judicializado y se trató de un homicidio culposo.
Además de esos 80 casos en la Unidad de Vida, en el 2008 hubo un registro de ingreso de 50 denuncias. Entre enero y julio de este año, el Ministerio Público reporta 32 personas que han solicitado abrir un proceso por daños ocasionados a su integridad.
El informe determina que solo a la Fiscalía de San Salvador han llegado 162 personas afectadas por mala praxis y de todos esos casos solo 37, equivalente al 23%, han sido judicializados.
Un detalle peculiar es que de los 37 casos llevados a tribunales, en todos se ha dado una conciliación, es decir, las víctimas y los imputados han llegado a un acuerdo, y los jueces han autorizado esa salida alterna que la ley establece en delitos de lesiones culposas.
Las estadísticas ponen al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en el primer lugar en denuncias, con el 41.6% de los casos.
En segundo aparece la red pública de hospitales con el 30.2%.Siguen, con 21.2%, los hospitales y clínicas particulares y por último aparece el Hospital Militar cuyo porcentaje de denuncias es del 1.6%.
Las denuncias son de todas las especialidades, como ginecología y obstetricia, cirugía general o cirugía estética. “Todos esos casos tienen apertura aquí en Fiscalía, siempre y cuando verifiquemos que en efecto tienen una responsabilidad”, agregó Lara.